Protección social para la infancia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Avances y desafíos

Abstract

El presente documento es un estudio comparado con una mirada subregional de la protección social a la infancia en tres países centroamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras. Se realizó con base en tres documentos generados en el marco de la iniciativa multi-país en protección social para la niñez y la adolescencia liderado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en los tres países indicados (STP-UNICEF, 2014; UNICEF, 2013a, 2013b)1 . Estos documentos abordan, a partir de un diagnóstico, la situación de las políticas de protección social que estos países implementan desde un enfoque de niñez y adolescencia, dando cuenta de las brechas de protección social que esta población enfrenta. La atención que la protección social ha adquirido en los últimos años surge en un contexto marcado por los crecientes riesgos socioeconómicos y las persistentes barreras estructurales que enfrenta la ciudadanía para acceder a mecanismos básicos de aseguramiento y a mínimos sociales que garanticen la erradicación de la pobreza y de las inequidades y la construcción de sociedades más igualitarias. En este marco, numerosos países de América Latina implementan en la actualidad políticas y programas de protección social de características diversas. Al mismo tiempo, se manifiesta con fuerza incremental la convicción de que la edificación de sistemas integrales que aúnen los esfuerzos contributivos y no contributivos de protección social es una premisa para generar respuestas tempranas, efectivas y pertinentes frente a los objetivos que a esta política social le corresponde asumir: proteger niveles de bienestar frente a contingencias y asegurar que cada ciudadana y ciudadano pueda acceder a este de manera permanente. La infancia es el grupo más carenciado desde la perspectiva de la pobreza monetaria en la región, con alto porcentaje de pobreza multidimensional según un enfoque de derechos (CEPAL, 2013) y altamente sensible a variaciones en el nivel de bienestar en sus hogares. Sin embargo, los esfuerzos por instalar respuestas específicas a sus necesidades desde la protección social han sido menos evidentes. Esto, pese a que gran parte de estas políticas y programas tienen a esta población como grupo destinatario directo o indirecto. La protección social desde la primera infancia constituye un pilar fundamental para que cada niño y niña pueda desarrollar al máximo sus capacidades, ejercer plenamente sus derechos y contribuir a forjar sociedades desarrolladas y justas. Existe abundante evidencia sobre los impactos, muchas veces irreversibles, de no contar con ingresos suficientes en los primeros años de vida, o más aún, de padecer desnutrición o no acceder tempranamente a la estimulación temprana e inicial. La deuda con la infancia sigue siendo sustantiva, como muestran los indicadores, y exige atención urgente dentro de sólidos pactos sociales y fiscales que aseguren la cohesión y estabilidad de los países de la región.