Protesta y COVID-19 en Costa Rica: Informe marzo-julio 2020

Abstract

Pasados más de 7 meses desde que el Ministerio de Salud informó sobre el primer caso positivo de COVID-19 en Costa Rica, el país se encuentra inmerso en un complejo escenario sanitario, social, económico y político. Si bien, durante los primeros meses de la pandemia, las medidas de restricción sanitaria consiguieron su propósito de frenar los contagios; en los últimos meses se ha dado una tendencia contraria, registrándose una “segunda ola pandémica” cuya intensidad ha sido muy superior a la primera, tanto en número de casos como de muertes. Sumado a esto, las mismas medidas sanitarias han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles en la coyuntura pre-COVID, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico. Como era de esperar, los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios (Ávalos 2020: 6)2 , sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.